Álvaro Guzmán B.
Director del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente
En medio de importantes noticias políticas agobiantes que tienen que ver con el proceso de paz en Colombia o con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la prensa ha reportado importantes hechos nacionales que tienen que ver con el medio ambiente y la población. Me refiero a algunos de ellos.
Con la ola invernal se repiten los casos de inundaciones, en la Costa Atlántica, y de los derrumbes en la vía a Buenaventura, o en la autopista que une a Medellín con Bogotá. No se puede argumentar para justificar los hechos, que estamos frente a otra “niña”. El ciclo de lluvias ha sido normal. Sin embargo, una vez más salen a flote desastres ambientales y su efecto sobre los sectores más desfavorecido de la sociedad. Pero, la causa no está en el medio ambiente, sino en la forma como la sociedad se ha apropiado del mismo. En la Costa Atlántica, el río Magdalena se sale de cauce por la sedimentación que viene desde el centro del país andino y refleja la pérdida de suelo, en gran parte por la desforestación. En la vía a Buenaventura, después de tantos años de obras y de derrumbes continuados, la vía al puerto más importante de Colombia queda una vez más suspendida por otro deslizamiento de tierra. En la autopista que de Medellín lleva a Bogotá, aparentemente por el trabajo de retroexcavadoras en una cantera adyacente a la autopista, también se presenta un derrumbe, esta vez con consecuencias fatales, muertos y desaparecidos, ocho días después del derrumbe. En estos casos, los fenómenos naturales tienen una explicación, claramente social, asentada en un afán de lucro inmediato particular, la imprevisión y la falta de control estatal. Estas noticias pasan casi desapercibidas, tal vez por lo habituales, pero son síntomas de la relación que hemos establecido con la naturaleza. En el fondo, sectores de la sociedad y del Estado actúan casi como victimarios, mientras que otros, generalmente pauperizados, claramente como víctimas. No se establecen responsabilidades en el tiempo.
En el plano más inmediato de la ciudad de Cali, El Tiempo informa que: “los desalojos en el jarillón del río Cauca no se detendrán”. Este titular de prensa es una síntesis de múltiples contradicicones que vienen de tiempo atrás y que también reflejan imprevisión y falta de control estatal. Igualmente clientelismo y un comportamiento excluyente y desconsiderado con los pobladores del jarillón. Éste fue construido hace muchos años y sobre él se asentaron familias que, con el tiempo y la ayuda de renombrados políticos locales, se asentaron en el jarillón, lograron servicios públicos y titulaciones de propiedad. Tienen, por lo tanto, legítimos derechos, como ciudadanos. El problema que se presenta es que una posible grieta en el jarillón pondría en riesgo de inundación el Distrito de Aguablanca, casi la tercera parte de la población de la ciudad. El riesgo es grande. El Jarillón debe recomponerse. La población debe reasentarse. Pero la manera de hacerlo no puede ser “desalojando” a la fuerza y trasladándola a urbanizaciones con muchos problemas de bienestar y convivencia. Los pobladores piden “dignidad” y respeto de sus derechos y tienen toda la razón. El Estado local se juega la posibilidad, por una vez, de intervenir con una cara amable, o bien de criminalizar a una ciudadanía que no se merece este trato.
En medio de estas noticias “desconsoladoras”, también se producen algunas que señalan un sendero deseable. En efecto, la Justicia aclara que los pobladores de un municipio pueden oponerse a la explotación minera en su territorio. Esta es una sentencia muy importante que tiene que ver con proyectos de explotación de oro en el Quindío y en el Tolima, donde los pobladores y las autoridades locales van por un lado y las compañías mineras y las autoridades nacionales van por otro. La pregunta de fondo es si la explotación minera trae beneficios para la población, e incluso para el país, económicos y sociales. La pregunta también es si este tipo de explotaciones afecta el medio ambiente de manera irreversible. Todo parece indicar que así es.
